Movimiento Mundial de la Infancia advierte a Uruguay por justicia juvenil
Uruguay, 25 noviembre 2010 - pasó a formar parte de aquellos países de Latinoamérica que son advertidos por el Movimiento Mundial de la Infancia, que cuenta con el respaldo de organismos internacionales como Unesco y Unicef, y de organizaciones civiles de todo el mundo, debido al debate sobre el endurecimiento de penas para menores de 18 años.
Uruguay es motivo de miradas internacionales debido al debate planteado tras la propuesta de la baja de edad de imputabilidad sugerida por el Partido Colorado, y por la definición que el lunes adoptó el gobierno de traspasar a la Justicia de adultos, de la Justicia de adolescentes, los antecedentes de los menores de 18 años una vez cumplida la mayoría. Si bien la reunión del Movimiento Mundial por la Infancia (MMI), estaba en la agenda de eventos, los últimos anuncios del gobierno y los pedidos de la oposición sobre el cambio del sistema penal juvenil proponiendo que los menores desde los 16 años sean juzgados como adultos, provocaron que el asunto tomara el rumbo hacía una respuesta al gobierno uruguayo.
El MMI en su capítulo América Latina se reunirá hoy en Montevideo y discutirá la problemática de la reapertura del debate parlamentario y legislativo en torno al endurecimiento de penas a personas de menos de 18 años de edad. El encuentro contará con la participación de la experta internacional Rosa María Ortiz, vicepresidenta del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, y de representantes de organizaciones civiles, organismos internacionales y multilaterales con cobertura regional en América Latina y el Caribe.
En un comunicado emitido ayer, y que será base del debate, la MMI expresó que existe "una creciente presión social en algunos países de América Latina y el Caribe" y que la respuesta de los estados en algunos casos apuntan a "reformas legales y políticas no de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que incrementan la exclusión y la estigmatización de los adolescentes". La MMI ubica a Uruguay así como a otros países entre los que "se ha reabierto recientemente el debate parlamentario y legislativo en torno al endurecimiento de penas a personas menores de 18 años y la reducción de la edad de responsabilidad penal, mayoritariamente como respuesta a la alarma social generada por el manejo mediático de crímenes y delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Advertimos del peligro que significa adoptar decisiones parlamentarias sin un enfoque integral que dé prioridad a la prevención, tomando en cuenta las causas del problema y no sólo las consecuencias".
Para la MMI, en aquellos países donde se han endurecido las penas se ha detectado que "las propuestas de ley atentan directamente contra la Convención de los Derechos del Niño y el régimen jurídico especial para los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley". Consideran que además estas propuestas "carecen de respaldo técnico, tendiendo a recorrer caminos que la experiencia internacional muestra como conducentes al incremento de la exclusión y la violencia". Recuerda que "todos los países de América Latina y El Caribe han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados regionales e internacionales que protegen a las personas menores de edad y tipifican las medidas de prevención y corrección apropiadas para su adecuado desarrollo como persona y ciudadano, además de establecer medidas de protección especiales por su particular situación de vulnerabilidad en la sociedad".
Según la declaración de la MMI, "los adolescentes encarcelados tienen mayor probabilidad de cometer delitos en el futuro que los que acceden a programas alternativos". Estudios sobre la reincidencia entre personas menores cita el comunicado, sentenciadas a penas privativas de libertad "han hallado que entre el 50 y el 70% es arrestado nuevamente en un plazo de uno a dos años tras su puesta en libertad". En cambio, "las tasas de reincidencia de niños y niñas que han participado en programas alternativos de base comunitaria son del 10%. La reincidencia es particularmente aguda en el caso de niños y niñas que comparten prisión con adultos".
Preocupación
El MMI afirma que comprende "la preocupación de la ciudadanía ante el aumento de la criminalidad, la inseguridad y violencia y particularmente por la implicación de personas menores de edad en estos hechos, quienes finalmente resultan más víctimas que victimarios". Resalta por otra parte que "los datos estadísticos muestran en todos los casos que el número de delitos cometidos por menores de 18 años es siempre mucho menor comparado con los que cometen los adultos". Resalta que existe preocupación debido a "la creciente tendencia de la opinión pública a reclamar el endurecimiento punitivo y ejemplar en vez de exigir medidas preventivas, educativas y sociales que aborden las verdaderas causas del problema".
Para la MMI "la mejor forma de re-socializar y re-integrar adolescentes infractores de la ley penal es generar la oportunidad para una vida digna, la garantía de sus derechos y la orientación hacia sus deberes y responsabilidades promoviendo alternativas a la privación de la libertad". Sostiene que "experiencias internacionales demuestran que un aumento de penas y castigos solo contribuye a convertir infractores ocasionales en criminales endurecidos".
En tal caso la MMI recomienda además que los países "desarrollen políticas públicas que incidan en la prevención y en las medidas de protección social y comunitaria para prevenir o minimizar condiciones de vulnerabilidad social, cultural, económica o ambiental que afectan especialmente a los niños y adolescentes y que reduzcan las desigualdades".
Solicitan también que "la institucionalización penitenciaria sea siempre el último recurso y dar prioridad a otras alternativas". Pide encontrar respuestas a la violencia, pero "respetando los derechos" de niños y niñas, impulsar programas educativos, y profundizar el contacto con la ciudadanía.
Source: REDLAMYC
